ANTEPROYECTO DE LEY DE STARTUPS

En los pasados días, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como Ley de startups, que concentra sus novedades para el ecosistema emprendedor fundamentalmente en el ámbito fiscal. 

Con la finalidad de atraer talento e inversión, al tiempo que se hace un esfuerzo por dotar de visibilidad al emprendimiento español fuera de nuestras fronteras, se relajan las exigencias para los extranjeros, de modo que no tendrán que obtener su número de identificación (NIE), sino que basta que los inversores no residentes y sus representantes obtengan los números de identificación fiscal, sin ningún requisito adicional.

La Ley pretende evitar a toda costa la huida de las iniciativas innovadoras de nuestro país, tratando de paliar la fuga de cerebros. Para ello, diseña un marco jurídico propio para las startups, que son definidas por el Gobierno como empresas de menos de 5 años (7 en biotecnología o industria), no cotizadas, innovadoras y que facturen menos de 5 millones de euros anuales.

Para dar oxígeno a estas empresas emergentes, se busca la agilización de todos los trámites que, a lo largo de su vida, tengan que afrontar con la Administración, muy especialmente en la etapa fundacional, al tiempo que se plantea una minoración de la carga fiscal, puesto que su tributación se reduce del 25% al 15% en el Impuesto de Sociedades, hasta un máximo de cuatro años desde su creación. No obstante, estas reformas no vienen exentas de críticas, puesto que en muchas ocasiones, cuatro no son años suficientes para el despegue de proyectos y, mucho menos, para su consolidación, y lo mismo sucede con la reducción en Sociedades, poco útil en aquellos casos (no pocos) en que las empresas dan pérdidas en sus años iniciales.

Otras medidas de índole fiscal pasan por la elevación de la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales con el fin de fomentar la inversión, además de una elevación también del tipo de deducción, que pasa del 30 al 40 %, así como el periodo en el que una compañía se puede considerar como de reciente creación.

Igualmente, las startups también podrán solicitar el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes con un plazo de 6 a 12 meses.

Las primeras críticas se han dejado oír también en materia de incentivos para la inversión de 'business angels', porque si bien la Ley prevé deducciones en el IRPF, las circunscribe al caso de que la inversión se realice directamente en la sociedad y que se lleva a cabo a través de una sociedad de inversión, un extremo a tener muy en cuenta de ahora en adelante.


Son muchos, sin duda, los nuevos aspectos que el anteproyecto regula, y el sector le ha dado por ello la bienvenida, pero se han subrayado también sus puntos débiles y sus oportunidades perdidas, que probablemente empiecen en la propia definición de startup, que deja fuera a las startup españolas que, como Wallapop o Jobandtalent, están bien posicionadas para ser los nuevos “unicornios” europeos. Sin mejorar se ha quedado también la fiscalidad del carried interest en el capital riesgo, lo que sí podría ser un foco de atracción de cuantiosas inversiones extranjeras.


 


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