YOUTUBE NO VULNERA LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS CONTENIDOS SUBIDOS ILEGALMENTE
EL TJUE DICTAMINA QUE LAS PLATAFORMAS NO REALIZAN POR SI MISMAS LA COMUNICACION PÚBLICA DE LOS CONTENIDOS PROTEGIDOS POR DERCHOS DE AUTOR PUESTOS ILEGALMENTE EN LINEA POR SUS USUARIOS

El pasado 21 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se pronunció sobre la eventual infracción de derechos de autor por las plataformas en línea de intercambio o alojamiento de archivos y lo hizo dando la razón a Youtube, al no considerarla como responsable de los contenidos protegidos por derechos de autor puestos ilegalmente a disposición en línea por los usuarios. Eso sí, la exoneración de responsabilidad favorable a la plataforma propiedad de Google se supedita a que no contribuya activamente a la difusión de esos contenidos que infringen la propiedad intelectual de terceros.

Dicho de otra forma: la justicia europea determina que los operadores de plataformas en línea no hacen por sí mismos una «comunicación al público» de los contenidos protegidos por los derechos de autor puestos ilegalmente en línea por sus usuarios, a menos que dichos operadores, más allá de la mera puesta a disposición de las plataformas, contribuyan a proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerando los derechos de autor. 

Igualmente, para el TJUE las plataformas de intercambio de vídeos o de alojamiento e intercambio de archivos quedan exoneradas de responsabilidad, siempre que no desempeñen un papel activo que pueda conferirles un conocimiento o un control de los contenidos subidos a su plataforma.

El origen de la sentencia (asuntos acumulados C-682/18 YouTube C-683/18 Cyando) debe buscarse, en cuanto al primer asunto (C-682/18), en la demanda que Frank Peterson, un productor musical, interpuso contra YouTube LLC y su sociedad matriz, Google LLC, ante los órganos jurisdiccionales alemanes en relación con la puesta en línea a través de YouTube, en el año 2008, de varios fonogramas sobre los que alegaba ser titular de diferentes derechos. En el segundo, Elsevier Inc., un grupo editorial, interpuso una demanda contra Cyando AG sobre la puesta en línea, en la plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos Uploaded, explotada por esta última sociedad, de diferentes obras respecto de las que Elsevier es titular de los derechos exclusivos. En ambos casos la puesta en línea de los contenidos la realizan los usuarios de las plataformas, de YouTube y Cyando, sin la autorización de los titulares de derechos.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, que resultaba ser el competente para conocer de ambos litigios, planteó varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia con el fin de que este aclarase, entre otros extremos, la responsabilidad de los operadores de plataformas en línea en relación con las obras protegidas por los derechos de autor que los usuarios suben a dichas plataformas de forma ilícita.

Y efectivamente, la sentencia resuelve acerca de esta responsabilidad, recordando y, por tanto, subrayando de nuevo su aplicabilidad, que toda comunicación al público debe cumplir dos requisitos: el acto de comunicación de la obra, y la comunicación efectiva a un público. Es justo el acto de comunicación de la obra el punto de partida para que el TJUE acabe por sostener que no es el operador (YouTube o cualquier otra plataforma), sino los usuarios, “quienes, actuando de manera autónoma y bajo su propia responsabilidad, suben a la plataforma de que se trata los contenidos potencialmente ilícitos”. Esto es lo mismo que afirmar que son los propios usuarios quienes determinan si los contenidos quedan a disposición “fácil” de otros usuarios o no.

Si leemos bien la sentencia sabremos que, el mero hecho de que el operador conozca, de manera general, la disponibilidad ilícita de contenidos protegidos en su plataforma no basta para considerar que interviene con el fin de proporcionar a los internautas acceso a tales contenidos. Ahora bien, ¿cómo puede acreditarse que ese conocimiento sea general? La sentencia no nos contesta, pero sí da una buena pista que puede servir como criterio para “desactivar” la exoneración de responsabilidad, al advertirnos que no hay un mero conocimiento general cuando el operador, pese a haber sido advertido por el titular de los derechos de que un contenido protegido se comunica ilegalmente al público por medio de su plataforma, se abstiene de adoptar con prontitud las medidas necesarias para que ese contenido sea inaccesible.

Lo que desde luego es esencial es que el TJUE nos está diciendo que las plataformas son responsables siempre que:

     i.        Sepan que sus usuarios han puesto ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos y, aún así, se abstienen de aplicar medidas diligentes (y rápidas, exige la sentencia) para bloquear o eliminar el acceso a esos contenidos.

    ii.        Pese a saber o intuir que de manera general sus usuarios ponen ilegalmente a disposición del público a través de ella contenidos protegidos, este se abstenga de aplicar las medidas técnicas apropiadas para combatir de forma creíble y eficaz violaciones de los derechos de autor.

 

   iii.        Participen en la selección de contenidos protegidos y comunicados ilegalmente al público, de lo que puede ser prueba el hecho de que el operador haya adoptado un modelo económico que incite a los usuarios de su plataforma a proceder ilegalmente, en ella, a la comunicación al público de contenidos protegidos.

Y parece que el Tribunal entiende que YouTube “aprueba” esta triple verificación, ya no sólo porque considera que YouTube no interviene ni en la creación ni en la selección de los contenidos subidos a su plataforma por los usuarios, y que no procede ni al visionado ni al control de esos contenidos antes de su puesta en línea en ella, que se lleva a cabo según un procedimiento automatizado, sino porque  informa a sus usuarios de la prohibición de colocar contenidos protegidos en esa plataforma vulnerando los derechos de autor. La sentencia ejemplifica el cumplimiento por parte de YouTube del requisito segundo, al indicar como la plataforma de vídeo ha adoptado medidas técnicas dirigidas a combatir de manera creíble y eficaz las infracciones de los derechos de autor, «como un botón de notificación y un procedimiento especial de alerta para señalar y pedir la supresión de contenidos ilícitos». 

Por otro lado, el TJUE no niega que YouTube presenta a los usuarios registrados una sinopsis de vídeos recomendados en función de los vídeos ya visualizados por ellos, pero entiende que dichas listas de clasificación, rúbricas de contenidos y sinopsis de vídeos recomendados, no tienen por objeto facilitar el intercambio ilícito de contenidos protegidos ni promover tal intercambio. 

No se pronuncia en sentido distinto respecto a Cyando, la operadora de la plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos Uploaded, al indicar que tampoco procede a la creación, selección, visionado o control de los contenidos subidos a su plataforma. Además, en las condiciones de uso de su plataforma informa a sus usuarios de que se les prohíbe vulnerar por medio de ella los derechos de autor.

En definitiva, el TJUE no da a las plataformas un papel de vigilante o guardián de los contenidos que suben sus usuarios, en un contexto particularmente interesante, dada la inminente trasposición a la normativa española de la Directiva 2019/790 sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (“Directiva de Derechos de Autor”), en relación con el régimen de responsabilidad establecido para los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea establecido en su artículo 17.

 

 

 

 

 


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